El segundo fraude en las elecciones presidenciales de México, mucho más importante que el primero y previsiblemente de consecuencias más trágicas, lo perpetró el lunes 28 de agosto el Tribunal Electoral Mexicano. Las evidencias de que hubo fraude masivo y burdamente ejecutado en decenas de miles de urnas son tan evidentes que sólo la ceguera política, y peor aún la irracional tendencia a llevar al país al borde del abismo y precipitarlo en él, pueden cerrar los ojos ignorándolas. El fraude fue tan ostensible que desde el día de las elecciones, 2 de julio, no ha cesado de crecer el río del descontento popular.
Según analistas acreditados independientes, el presidente de la República, Vicente Fox, violó varios artículos constitucionales al inmiscuirse en la campaña electoral. El candidato Felipe Calderón recurrió a la guerra sucia para eliminar políticamente a su rival Manuel López Obrador, y el equipo de “fontaneros” más adiestrado en el desprecio a la ley dirigió una campaña que culminó con un fraude masivo en decenas de miles de mesas electorales. No es opinión de este columnista: lo dicen centenares de organizaciones sociales y políticas independientes y centenares de medios de comunicación nacionales y extranjeros no sujetos a censura. Lo niegan los medios de comunicación del Establishment, en los que colaboran intelectuales que habitualmente cobran de los fondos de reptiles. Se manipuló el total de los votos preliminares para presentar a Calderón como ganador. Además nunca se contaron tres millones de votos y sólo en una mirada posterior se añadieron 2.5 millones de estos votos a los totales. Después, 900.000 votos supuestamente nulos, en blanco y anulados fueron declarados nulos, descartados y nunca incluidos en los totales oficiales; desaparecieron 700.000 votos de urnas desprecintadas; miles de votantes no pudieron introducir su voto por Obrador; hubo evidencia de relleno de votos; en cerca de un tercio de los centros electorales sólo había observadores del partido ganador PAN, lo que daba una amplia oportunidad para manipular votos, como ha sido una constante en la historia de las elecciones mexicanas.

Además de los datos objetivos sobre los fraudes en decenas de miles de mesas electorales, quizás el dato más comprometedor es el papel que tuvo en el recuento de votos Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón. El hecho de que un familiar tan cercano a un candidato tuviera el control de los sistemas electrónicos del cómputo, es evidencia demasiado grosera de las posibilidades de manipular los votos. Si en las elecciones de 1988 Salinas de Gortari arrebató fraudulentamente la presidencia al entonces líder del PRD Cuahuctemoc Cárdenas, bajo el pretexto de que se “cayó el sistema” para tener tiempo de manipular los datos, esta vez no ha sido necesario: el sistema ha sido manejado directamente por los implicados en el fraude.
Pero si gravísimo fue el fraude inicial e insensata la posición de la presidencia del República, claramente implicada en el fraude, la decisión del Tribunal Electoral convierte a la Justicia en el verdugo final del sistema de elecciones sobre el que se rige la República.
En tan sólo unas horas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisó 375 impugnaciones y tras anular 237.736 votos de las 11.839 mesas electorales que decidió revisar, descartó de forma unánime que vaya a cambiar el resultado final de las elecciones. Para la historia quedará, cualquiera que sea el desenlace del drama que se avecina en México, que los jueces del Tribunal Electoral fueron los enterradores del sistema y lo hicieron con sarcasmo, pues si el número de mesas revisadas eran tan sólo el 10 por 100 de las 130.500 instaladas el día de las elecciones y si se extrapola el número de votos anulados en aquellas casillas, que fueron 237.736 , a toda la elección “estaríamos hablando de un número espeluznante de votos falsos”.
Analistas imparciales han ratificado que en efecto hubo fraude, fue masivo, invalida los resultados y aboca al país al peor de los escenarios. Diga lo que diga el presidente Fox, al que la historia y los tribunales juzgarán severamente cuando le llegue la hora, el fraude de las elecciones presidenciales del 2 de julio equivale a un golpe de Estado perpetrado desde el interior del Estado, con la complicidad de la residencia presidencial y con la colaboración de un títere acostumbrado al fraude llamado Felipe Calderón (FECAL, según sus propias pancartas).
Los jueces podían haber elegido cumplir con su deber, pero hay que reconocer que era superior a sus fuerzas. Cuando la justicia hace algo ilegal no lo hace por desconocimiento sino bajo presión de esperar algún premio o evitar algún castigo. Cuando la justicia toma una decisión que puede llevar al país a un baño de sangre es lógico suponer que si los jueces no forman parte de la trama golpista, han sido amedrentados por los ejecutores. El miedo no les excusa, sino que los acusa de ser indignos de su función.
Con este acto no concluye el drama. Aún falta apurar el último trago del cáliz, lo más importante del proceso electoral: la publicación del cómputo final de los comicios, la declaración de validez o no de la elección y la expedición de la constancia de presidente electo al candidato que haya obtenido el mayor número de votos. Este proceso de calificación de la elección es abierto e independiente de la decisión tomada por el Tribunal. De nuevo la decisión dependerá de los magistrados. Según algunas informaciones parece que no existe unanimidad entre los siete magistrados. Al parecer cuatro de ellos estarían a favor de calificar válida la elección, y tres en contra.
La batalla política se centra en desprestigiar a López Obrador, acusándole de las cosas que no hizo en el pasado y de las cosas que hará en el futuro si logra “hacerse con la presidencia”, como consecuencia no de haber ganado en las urnas (que lo hizo) sino por la fuerza “de las masas enfurecidas” (que lograron demostrar el fraude). López Obrador se ha convertido en el político más odiado por la derecha y por el Establishment “institucional revolucionario” después de los hermanos Madero. En el clima de fanatismo político que sacude a México tan pronto como un político pretende introducir la Justicia, luchar contra la corrupción y resarcir a los indios, surge siempre, sin tapujos, la consigna de matarlo. Hay quien se ha ofrecido voluntario para matar a López Obrador. Ya sólo hace falta que alguien lo contrate. Dios se apiade de los asesinos.

¿Quién teme a López Obrador? No le temen los que le votaron. No le tomen los centenares de miles que le siguen día y noche, ni los millones que están dispuestos a desencadenar la Huelga Nacional Pacífica para resolver políticamente la crisis. Le temen los que no quieren que acceda a la Presidencia, pero López Obrador no llega a la presidencia mediante un golpe de Estado, ni falsificando las votaciones, ni con un ejército parapolicial. Llega por la fuerza de la democracia, por la fuerza de los votos.
La derecha mexicana ( cada vez más extremista) aliada con los poderes que han sostenido a lo largo de su historia un sistema basado en la injusticia social y en la discriminación de los mexicanos pobres (descendientes de aquellos a los que el imperialismo español despojó de sus derechos, de sus tierras, de su lengua y de sus dioses), parece estar dispuesta a la guerra civil antes que a acceder a una elemental petición de López Obrador y de sus millones de seguidores: recuento voto por voto, casilla por casilla.
Si las elecciones fueron limpias como dicen y si tienen todo el poder- incluido el aparato judicial y la policía- para demostrarlo, ¿qué impide hacer un escrutinio objetivo, minucioso, con todas las garantías de la ley? Si prefieren desencadenar el conflicto social a riesgo de que se convierta en guerra civil, querrá decir que es eso precisamente lo que buscan. La guerra civil, con la esperanza- la macabra seguridad- de ganarla, como la mejor forma de silenciar a los que claman por la justicia. Dios se apiade de los justos. Que la Guadalupana escuche por una vez a los que creen en ella de verdad (los que van de rodillas a visitarla, los que buscan en ella el consuelo a su pobreza, los que aún tienen el corazón limpio a pesar de que les asisten razones para el odio y la venganza).
Un río de gentes que llega de todos los rincones de la hermosa y martirizada tierra mexicana amenaza con desbordarse. Nunca mejor dicho, ni más oportunamente: la Paz depende de la Justicia. De manera más concreta, la guerra civil en la que los círculos oligárquicos están interesados para purgar a la sociedad de sus elementos más conflictivos- los más ansiosos de justicia-, podría ser evitado si tan sólo un juez se une a los que parece que están dispuestos a hacer respetar el resultado de las urnas. Al final, todo depende de un Justo. Según los analistas, un fallo que no sea unánime minaría la legitimidad del nuevo presidente y daría pie a que el movimiento de López Obrador se extendiera con mayor empuje. Pero un voto unánime dando a Felipe Calderón la Presidencia no será aceptado por los millones de mexicanos que han dicho “basta ya” al sistema de fraude y corrupción que ha permitido la pervivencia secular de la injusticia en México.

©Eliseo Bayo , del libro "Crónicas finales"